La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al gobierno federal poner la dignidad de las personas migrantes por encima de los acuerdos comerciales sin que esto signifique restarles importancia a dichos pactos.

Además, señaló que invertir en el sureste mexicano y en países de Centroamérica es un proyecto de mediano plazo y que, mientras tanto, se deben atender los problemas sociales.

Lo anterior fue expresado por Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, durante la presentación del estudio “Políticas de inmigración de los Estados Unidos, derechos humanos y familias migrantes: la tormenta perfecta”, elaborado por la Universidad de Georgetown para la CNDH.

En dicho evento, González Pérez lamentó que la gran aspiración de regular la migración en Estados Unidos se haya olvidado al privilegiar la politización ideológica del fenómeno en diferentes administraciones, lo cual se ha acentuado, según sus palabras, en el gobierno del presidente Donald Trump, como la violación de la ley y los derechos humanos de la niñez migrante.

Asimismo, el titular de la CNDH condenó que el gobierno estadounidense niegue servicios básicos a los migrantes, tales como el acceso a la higiene a la salud, además de mantener a niñas y niños migrantes en condicionas de hacinamiento en oficinas y lejos de sus familias.

Finalmente, González Pérez enfatizó que, pese a los intentos de la construcción de muros y el reforzamiento de las fronteras con un carácter más militarizado, han aumento los flujos de niños migrantes.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la abrogación total de la reforma educativa del 2013, el rechazó al régimen de excepción laboral, el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional así como del normalismo, y una verdadera y permanente relación bilateral que desemboque en una real estabilidad laboral.

Tras la octava reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, los integrantes de la CNTE indicaron que el presidente López Obrador dio instrucciones para atender las demandas del magisterio.

Entre estas demandas mencionaron la asignación automática de plaza a los egresados de las normales y escuelas de formación docente públicas; rechazó a la formación de comités de la sociedad civil y empresariales en las negociaciones y reconocimiento a los comités de las asociaciones de padres de familia.

También se acordó que no habrá evaluación que condicione aspectos laborales, sino solo capacitaciones voluntarias que sean para la profesionalización. En tanto que los procesos laborales se revisaran de manera tripartita, por las representaciones sindicales, los gobiernos locales y el gobierno federal.

Según comunicó la CNTE en un boletín de prensa en la reunión el presidente de la república se comprometió a dar atención y solución a los temas de manera permanente; dar seguimiento a la mesa con Chiapas, exhortando al gobierno del estado a retomar el diálogo y concretar una ruta de solución a la problemática en esa entidad.

Con los maestros de Chiapas se alcanzaron los siguientes acuerdos particulares: Regularizar los pagos y cubrir los adeudos a los trabajadores y a los comisionados sindicales; retomar la mesa tripartita, sesionando un día a la semana con sedes alternas: una ocasión en Chiapas y otra en México; retomar la bilateralidad como reconocimiento a la representación sindical, para la solución de la problemática laboral.

En el caso de Michoacán, los maestros indicaron que el presidente instruyó al Secretario de Hacienda y al Secretario de Educación para que se atienda y resuelva el tema salarial y de prestaciones para todos los compañeros estatales durante el presente año, en tanto se avanza con la verificación física para concluir el diagnostico, a fin de concretar la federalización de la nómina estatal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí le consultó la decisión de poder responder a las agresiones de los pobladores, pero llamó a que no lo hagan con abuso de poder y que respeten los derechos humanos.

En su conferencia matutina, la prensa le preguntó sobre el tema, poniendo énfasis en el enfrentamiento de ayer entre presuntos huachicoleros y soldados en Acajete, Puebla, donde el comandante de las tropas agredidas disparó al aire para dispersar a los agresores.

- Le preguntaría sobre esta información que ayer dio a conocer la Sedena de que las Fuerzas Armadas ya van a estar respondiendo agresiones de las que sean sujetos, ahora sí que con un uso moderado de la fuerza. ¿Esta decisión fue consultada con usted?

- Sí, y la recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había razias y masacres. Eso está prohibido no se permite, no se tolera en el gobierno”.

El tabasqueño agregó que esa práctica “en vez de resolver el problema, lo agravó, porque existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de querer resolver todo por la fuerza, y de arrasar. Eso no. Se tiene que respetar la vida de las personas”.

Luego, reiteró su idea por muchos criticada: “Y nada de que son delincuentes. No, son seres humanos todos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar”.

El mandatario federal reiteró su respaldo al Ejército y la Marina mexicanos: “hacen un gran esfuerzo, además están actuando con mucha responsabilidad y también les diría que por convicción para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos”.

Después, lanzó la pregunta: “¿qué ganan los delincuentes con estar provocando? Nada”.

López Obrador recordó los enfrentamientos ocurridos recientemente entre pobladores, soldados e integrantes de la Guardia Nacional, por ejemplo, en las comunidades de Amozoc y Acajete.

Luego de dos días de protestas, campesinos del municipio de Escuintla fueron desalojados de una vía carretera que mantenían bloqueada en la zona Costa, en protesta por la falta de agua potable en sus comunidades.

Tras el desalojo con gases lacrimógenos, a manos de policías federales y estatales, y miembros de la Guardia Nacional, los inconformes quemaron las instalaciones de la presidencia municipal.

Los campesinos, de la cabecera municipal y otras comunidades, exigen la destitución del alcalde Ever Daniel Velázquez Javalois, por no cumplir –en este primer año de gobierno– con la obra pública prometida.

Además, denunciaron el abuso del poder y la actitud arbitraria de Velázquez Javalois, quien –subrayaron– los ha amenazado por exigir que cumpla con sus promesas de campaña.

Los campesinos también demandaron la integración de un consejo municipal en sustitución del alcalde, porque éste nunca se encuentra en su oficina cuando llegan a buscarlo.

De igual manera, manifestaron que en los últimos días Velázquez Javalois ha abusado de su poder al ordenar la clausura de un establecimiento donde venden pollos, porque supuestamente afecta el negocio de su madre.

Por ello, pidieron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Congreso local su intervención inmediata, porque ya no dejarán que el alcalde continúe en el puesto, dado que ha incumplido con sus compromisos.

Tras el anuncio del Gobierno Federal de brindar apoyo a los alumnos de la Escuela Normal Bilingüe “Jacinto Canek”, las autoridades municipales de Zinacantán ratificaron el acuerdo de mantener cerrado el edificio y aclararon que no se encuentran en contra de la educación, simplemente están defendiendo la paz y el prestigio de su Municipio.

En entrevista, con el primer regidor del Ayuntamiento de Zinacantán, Domitilio Martínez Pérez, mantuvo la postura de no permitir el regreso de los estudiantes de la Jacinto Canek porque son muy conflictivos, además de que se encuentran molestos porque en conferencias de prensa han utilizado sus trajes tsotsiles, cuando ellos son de otros lugares.

“La decisión la tomaron 60 comunidades, estamos hartos de desmanes, nuestra gente se dedica a la comercialización de flores, venta de artesanías, al turismo y con esto de los desmanes las ventas bajan, los productos ya no se comercializan, por eso el descontento”.

Martínez Pérez dijo que también se encuentran inconformes porque están utilizando su indumentario, “en esa escuela solo hay dos alumnos de Zinacantán, quisieron entrar 11, pero con eso de las novatadas solo entraron dos”.

“Estamos haciendo una queja por el desprestigio de nuestro municipio, nosotros no estamos peleados con la educación, si quisieran algún apoyo para mejorar la escuela nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar pero no hay acercamiento, aunque tienen buenas instalaciones, incluso muebles nuevos y canchas deportivas”.

El primer regidor señaló que ya no quieren diálogo, sino otra escuela con otro tipo de estudiantes, “han salido propuestas de comunidades, que hicieran un Chapingo, una Unach, otro tipo de escuela, pero eso sí con la consigna que no van a hacer desmanes”.

Asimismo, recordó que en 2018, la Administración anterior también cerró la escuela “y nosotros la abrimos en abril de este año, con la minuta de acuerdo que no iban a hacer desmanes, pero se ve que tienen otros intereses”.

“En esa escuela hay mucho conflicto, violaron nuestros usos y costumbres, se les planteó cuales eran nuestros puntos de vista y las condiciones para que se abriera la escuela, nos regimos por usos y costumbres tenemos que ver la estabilidad de nuestro municipio, con ellos ahí se aleja el turismo y los clientes con los que comercializamos”.

Finalmente, hizo una invitación para que visiten Zinacantán, “para que vean que estamos en paz, no agredimos, nosotros somos gente de paz a todos los recibimos con los brazos abiertos. Vamos a estar atentos a lo que marca la ley”.

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este viernes por calles de esta ciudad, para exigir a la Secretaría de Educación estatal que reconozca la cadena de cambios que hicieron, avalados por el gobierno federal, y se realice una mesa de diálogo sin condiciones.

Integrantes de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adheridos a la CNTE, partieron del parque Chiapasionate, en la entrada oriente de esta capital, rumbo a la plaza central, donde realizaron un mitin.

Minutos antes, en conferencia de prensa, los líderes de la CNTE y de la Sección 7, Pedro Gómez Bámaca y Alberto Mirón, respectivamente, exigieron al gobierno estatal que frene sus amenazas de cárcel para ellos.

Acompañado de dirigentes de organizaciones sociales campesinas y populares, Gómez Bámaca dijo que el único delito que él ha cometido es defender los derechos de los más de 40 mil trabajadores agremiados en la Sección 7.

Y se lanzó contra el gobierno de la Cuarta Transformación, a nivel local y nacional, porque –subrayó– pretende someter al movimiento sindical magisterial, pero también a todos aquellos grupos y movimientos sociales que protestan contra el desalojo de sus territorios o contra los megaproyectos.

De acuerdo con el líder magisterial, no van a ceder en la cadena de cambios que ya hizo la Sección 7 con el aval del gobierno federal, que el gobierno estatal debe acatar.

Gómez Bámaca mantiene una fuerte disputa contra la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, quien ha desconocido la cadena de cambios que hizo la Sección 7, sin tomar en cuenta a su oficina estatal como ente patronal.

Según la funcionaria, esos cambios de adscripción no tienen validez, por lo tanto, quienes hayan dejado su centro de trabajo serán sancionados.

Gómez Bámaca, quien, a decir de la funcionaria estatal, tiene ocho carpetas de investigación –la más reciente por usurpación de funciones–, expuso que el próximo martes 10 tendrán otra mesa de dialogo con el gobierno federal, y si el estatal no dialoga con ellos después, se irán a un paro de labores indefinido.

Antes de la marcha, dos maestras resultaron heridas por los cohetones que los mismos mentores lanzaron al aire, pues algunos se elevaron y cayeron entre la multitud.

El incidente provocó un roce con los reporteros que cubrían la marcha.

Sector salud en Chiapas, corrupción endémica

José Cruz Castellanos, heredero de la rapiña sanitaria

El sector salud en Chiapas siempre ha estado expuesto al saqueo y a la escasez de medicamentos para atender las necesidades elementales de la población en materia de salud.

Así ocurrió durante el trágico gobierno de Juan Sabines Guerrero, cuando el desabasto de medicinas fue notorio y los casos de muerte materno-infantil y de otro tipo de enfermedades se incrementaron por la falta de médicos, enfermeras y equipamiento adecuado, pero sobre todo por el  nulo inventario de productos básicos para la salud.  Era recurrente la frase, en el sabinato, “ni una aspirina para quitar un dolor de cabeza”.

Acompañaron a Juan Sabines en esa historia de rapiña sanitaria su afamado secretario de Salud, James Gómez Montes, y el entonces poderoso subsecretario de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, encargado de cualquier compra mínima para exigir el 10, el 15  y el 20 por ciento a contratistas y proveedores. Los malos manejos en el sector salud, entre 2006 y 2012, terminaron en una deuda, impagable, de 10 mil millones de pesos.

Manuel Velasco Coello encubrió las pillerías de su compadre Juan Sabines. Hubo una razón para ello. Velasco Coello continuó con los excesos financieros en contra de la salud de los chiapanecos y permitió que la señora Leticia Coello Garrido se entrometiera en la operación de la Secretaría de Salud. La auditoría del 2014 da cuenta de los malos manejos de Carlos Eugenio Ruiz Hernández, secretario de Salud, con un faltante de 800 millones de pesos.

Como premio, Carlos Eugenio fue generosamente recompensado con la  rectoría  de la Universidad Autónoma de Chiapas.  Especializado en quebrantos financieros, Ruiz Hernández terminó por triturar las finanzas unachenses. De una deuda de 250 millones de pesos recibida de su antecesor, Ruiz Hernández la septuplicó hasta un monto de un mil 800 millones de pesos, sin que ello se tradujera en una mejor infraestructura universitaria, mejores niveles educativos y excelencia académica.

Por el contrario, el deterioro institucional se evidencia en las observaciones hechas por 417 millones de pesos de malos manejos en la auditoria 646 de la cuenta pública 2016 de la Federación y en la auditoria 2017 correspondiente al ejercicio 2015. Falta ahora saber si Ruiz Hernández está involucrado en la estafa maestra de las 18 universidades del país.

Sólo que como las pillerías se premian, Ruiz Hernández fue condecorado como coordinador de Asesores del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Viva la 4T.

Heredero de la rapiña sanitaria, el secretario de Salud del régimen de Escandón Cadenas, José Manuel Cruz Castellanos, continúa con la depredación del erario estatal destinado a mitigar los dolores de la mala salud de los chiapanecos por culpa de la corrupción endémica institucionalizada con Juan Sabines, Manuel Velasco y hoy precedida de síntomas infaustos y ominosos con Rutilio Escandón.

Lo certero del grave señalamiento en contra de Cruz Castellanos proviene de una voz autorizada y conocedora del origen y destino de los dineros públicos. Se trata de la diputada Lupita (sic) Palomeque Pineda, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural e integrante de la Comisión de Salud, de la Comisión de Vivienda, de la Comisión de Pesca, Acuacultura, Agricultura y Ganadería del Congreso de estado de Chiapas.

En su disertación ante los medios, la diputada Palomeque Pineda sindica, directamente, al secretario José Manuel Cruz Castellanos por diversas y graves irregularidades en cuanto a su gestión. Al respecto, dice la legisladora que Cruz Castellanos trajo a tres empresas que se van a “encargar de la salud de los chiapanecos”. Lo malo es que esas empresas son de Tabasco y mueve a certezas (no sospechas) de que el contubernio y los malos manejos presupuestales son evidentes.

La desconfianza de la diputada Lupita Palomeque tiene sustento cuando sentencia: “Voy a exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas para practicar, en el ámbito de sus legales y constitucionales funciones, actos de comprobación a los procedimientos, fallos en licitaciones por convocatorias públicas y restringidas, nacionales y estatales, y adjudicaciones directas de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas durante el ejercicio presupuestal 2019”.

Para corroborar su aserto, la diputada Palomeque Pineda señala como beneficiarios de esas adjudicaciones a “una que me llamó mucho la atención llamada MK del sureste, con domicilio fiscal en Villahermosa, Tabasco, a la cual le han asignado diversas obras en el estado”.

Menciona  la diputada que hubo una empresa beneficiaria con 60 millones de pesos, en la que, según Cruz Castellanos, hubo licitación pública, pero se la entregó a ésta porque no hubo empresa chiapaneca que cumpliera con el rubro exigido. Lo malo es que la Medical BBS S. A. de C. V., tiene un historial de dudosa reputación y, al igual que su homóloga, aparece domiciliada, curiosamente, en el estado de Tabasco.

Hay una más beneficiada por José Manuel Cruz Castellanos. Se trata de la empresa Bioingeniería y Servicios Hospitalarios S. A. de C. V., encargada de lo que se conoce como inhaloterapia y contratada por asignación directa fuera de toda normatividad, y también de Tabasco.

En contra de Cruz Castellanos viene, además, un severo señalamiento que lo inhabilita jurídicamente y constitucionalmente para permanecer como secretario de Estado en el gobierno de Rutilio Escandón. La diputada Palomeque asegura que Cruz Castellanos se conduce como oriundo de Pichucalco, en el estado de Chiapas, cuando lo cierto es que es tabasqueño. Su nacencia no la puede ocultar Cruz Castellanos. El jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Salud es, para variar, del estado de Tabasco.

Además, para beneficiar a los amigos del estado vecino, el doctor Cruz Castellanos ha removido a titulares de las jurisdicciones sanitarias y de otras áreas de la Secretaría de Salud para sustituirlos por médicos y personal, otra vez, del estado de Tabasco.

Acusa  la diputada Palomeque Pineda que Cruz Castellanos inventó el cuento de que van a remover a 13 mil empleados porque hay muchos aviadores cuando “hemos constatado (dice Palomeque Pineda) que no son aviadores”.  Lo cierto es que José Manuel Cruz Castellanos quiere deshacerse de personal de Chiapas y sustituirlo por tabasqueños.

Cruz Castellanos no ha desvirtuado la imputación de que no es chiapaneco, lo que lo coloca en una grave violación a la Constitución Política del Estado de Chiapas y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.  El artículo 60, fracción IV, de la Constitución local exige: “Para ser Secretario de Estado hay que ser ciudadano chiapaneco”. En tanto, el artículo 17, fracción I, de la Ley Orgánica mandata que “para desempeñar el cargo de Secretario hay que ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos políticos”.

Pronto se sabrá si el depredador del tesoro público estatal cumple con los dos dispositivos jurídico-constitucional.  Ampliaremos…

Pobreza y periodismo

México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. A esto se le deben sumar la falta de independencia política y económica de algunos medios, la precariedad y la mala retribución, factores que nos colocan a quienes ejercemos esa noble profesión en un escenario sumamente desfavorable. 

Ser periodista en Chiapas, en la mayoría de los casos, es carecer de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo: me tocó vivirlo y con conocimiento de causa escribo. Es, pues, una condena para ser arrojado a los brazos de la muerte sin oportunidad de poder dar pelea siquiera.

Muchos son los casos de los compañeros que tienen que esperanzarse a la solidaridad del gremio (que existe afortunadamente) para poder cubrir los gastos básicos cuando de un problema de salud se trata: asunto por demás terrible si contrastamos la realidad opulenta en la que viven los propietarios (de los medios).

Me refiero a esa disparidad entre quienes cobran y venden desde el escritorio, y las precarias condiciones de quienes trabajan para un medio desde la calle. La brecha es enorme. El comparativo, grotesco.

He sido testigo de esa realidad que aplasta a decenas de compañeros que no alcanzan ni una jubilación digna, o bien, no pueden ni cubrir las necesidades básicas propias, menos las de su familia en caso de enfermedad o accidente que, muchas veces, desencadena males que los terminan llevando a la tumba.

El contraste con los datos que el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía expone sobre los medios y los fuertes ingresos a los que en sexenios anteriores tuvieron acceso los dueños de medios es por sí sólo grosero.

Bajo ese panorama, la vida del periodista y de quienes laboran en medios de comunicación, es cada vez más precaria.

Por ejemplo, ahora mismo tenemos a compañeros internados por problemas graves de salud y a otros con enfermedades crónico-degenerativas que no saben ni cómo le harán “mañana” que se les compliquen las cosas. Muchos, incluso, viviendo en cinturones de miseria en las periferias de la ciudad.

Sí, estamos solos y desamparados ante un canibalismo mediático que beneficia a los poderosos y pasa por sobre quienes menos tienen, y quienes son, cabe señalar, pieza fundamental para que todo este engranaje marche.

Hace más de un año se publicó el reporte “Dueños ricos, reporteros pobres”. La plataforma Indeed estimó que “el salario promedio de un reportero mexicano es de 4 mil 560 pesos mensuales”. Mensuales, repito: el chiste se cuenta solo.

Si comparamos esa cantidad con los 2 mil 876.45 pesos que se requieren por persona para entrar en la “línea del bienestar mínimo”, no hace falta ser docto en  números para saber la enorme brecha de desigualdad en la que estamos inmersos.

Sin embargo, debemos entender que no todo está perdido: hay mecanismos que pueden implementarse y nos permitirían a los periodistas poder aspirar a gastos médicos, seguros de vida, mejoramiento a la vivienda, becas y hasta seguros por desempleo, en caso de así contemplarse.

En Guerrero, por ejemplo, existe un Fideicomiso por cinco millones de pesos. Este Fondo de Apoyo a Periodistas fue legislado y cumple con una serie de lineamientos que lo contemplan como un programa social enfocado a cubrir las necesidades primarias del gremio: gastos médicos mayores por hasta 50 mil pesos, dependiendo de la enfermedad; seguros de vida que contemplan diferentes montos por muerte natural o en caso de un asesinato. Nada mal.

En diciembre de 2017, en Chiapas ya existió una intentona de Fideicomiso en la que se habló de un monto de un millón de pesos propuesto por el entonces presidente del Congreso local, Williams Ochoa Gallegos. Y digo intentona porque todo, como en ese sexenio verdeecologista, fue de labios para afuera.

Lo cierto es que los periodistas en Chiapas requerimos de un fondo legal que permita poder asistir a los compañeros, sin importar afiliación alguna, que así lo requieran y garantizarles atención médica. Sobre todo si los datos arrojan a unos mil hombres y mujeres dedicados a esta bella profesión en toda la geografía estatal.

Coincido en lo que aquella vez se dijo: se debe ir más allá de una ley, o de pronunciamientos sobre la protección del trabajo de los periodistas. Hoy por hoy, y derivado de las necesidades de varios compañeros, es urgente promover un fondo para la protección de los derechos humanos de los periodistas.

Es urgente cambiar, sí, el dicho de que el periodista narra el diario de la sociedad, y que el verdadero drama es su vida. Somos muchos los agrupados en asociaciones y en la Delegación del SNRP, y ahora nos toca caminar por el mismo rumbo.

Así, mientras los dueños de los medios no formalizan contrato y pagan ínfimas cantidades por la información, corresponde a nosotros trazar la ruta para que el futuro nos alcance a los periodistas con la voz al aire y el puño en alto. #JusticiaParaMario.

#MANJAR.- Alguien reportó mi cuenta de Facebook hace ya más de una semana. No sé qué argumentos falsos usó para tirarla pero le funcionó bien. Le incomodó, supongo, que se ventilara alguna situación e intuyo que tuvo la iniciativa de operar bajo ese modo. En fin. La vida da vueltas y todo se acomoda en su sitio. Esto es una rueda de la fortuna. Por lo pronto ya tengo una cuenta activa y seguiré haciendo lo que más me gusta: escribir mis columnas, subir mis fotos sobre ocurrencias y publicar poemas y libros. #CámaraNoMeAgüito // “Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron”. Pablo Neruda. #LaFrase // La recomendación de hoy es el libro Hábito lunar de Balam Rodrigo y el disco de Raw Sienna de Savoy Brown. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Cualquiera pudiera decir que un buen presidente tiene garantizada la reelección y sólo quien llegó al extremo del desprestigio no podrá volver a ocupar esa posición. Esos son buenos deseos pero la terca realidad es diferente. Para comenzar la ideología o la popularidad ya no incide mayoritariamente en la selección; segundo hay un error muy común de considerar que en Estados Unidos los blancos son republicanos y los negros y latinos son demócratas, esa es una falacia y la demostró Trump porque en la pasada elección muchos votos de esas minorías fueron a su favor.

Entonces veamos los resortes que mueven al electorado en esa nación. Para comenzar indicadores tales como el nivel de empleo, la tasa de inflación, los índices de la actividad económica, la tasa de interés bancaria y el porcentaje de impuestos a pagar. Al mismo tiempo el electorado hace una reflexión sobre sus status hace cuatro años y el actual en términos de satisfacción. Como podemos apreciar cada uno de estos indicadores es crucial en el momento de la votación, porque  lo que reflejan estos indicadores en la vida diaria es saber si tiene empleo en ese momento, el nivel de satisfacción con el mismo, la tasa de interés sobre créditos y la posibilidad de cumplir con sus expectativas de crecimiento personal.

El segundo plano es reconocer que hay masas marginales cuyo comportamiento político va dirigido siempre a la abstención, bien sea el caso de minorías religiosas, o de núcleos que por ser marginales en el ámbito económico no son susceptibles de movilización y por último hay masas migrantes que por no estar legalmente en el país no pueden acceder al voto. Esta masa marginal es significativa y se podría añadir a la lista de los que tienen preferencia por alguna causa como por ejemplo los ecologistas, quienes en la pasada elección obtuvieron un porcentaje mínimo, pero que sumado a los demócratas hubiera significado el triunfo en algunos estados claves de la Unión.

El tercer nivel es la situación económica global, en ella la posición que jueguen en ese momento los Estados Unidos será vital, en ese punto los norteamericanos son claros antes que demócratas o republicanos optan por su seguridad. De esta manera presidentes con un considerable prestigio interno al presentarse la coyuntura cayeron de la preferencia y no pudieron reelegirse. Carter frente a la crisis petrolera a nivel mundial en un momento en el que se producía la crisis de los plagiados en la embajada en Teherán y con el surgimiento de Polonia con el caso de Solidaridad lo que permitió que la línea dura representada por Reagan llegara e impusiera una nueva política económica de corte neoliberal, que para los propósitos de la recuperación logró sus propósitos.

Otro caso fue el de George Bush padre en un momento en el que no pudo contener a la industria automotriz japonesa que destruyó Detroit sin necesidad de una bomba atómica. Para lo cual Billy Clinton solo impulsó una frase que hizo suya la mayoría del electorado: “es la economía estúpidos”.

De la misma manera la continuidad del mismo partido no es automática, sí el presidente saliente no logra impactar en la visión de futuro. Los casos de Al Gore y Hillary Clinton son ilustrativos, pues ganaron por mayoría, pero lo que cuenta es que el sistema Norteamericano son los votos electorales que tiene cada Estado y bajo esa lógica tanto George W. Bush como Donald Trump supieron explotar este filón y arrasaron territorialmente.

Queda un caso pendiente, el de las elecciones donde en 1948 compitieron el presidente interino Harry S. Truman del Partido Demócrata contra el prestigiado juez que combatió a la mafia Thomas E. Dewey, la distancia electoral entre ambos era enorme a favor de este último al grado de que todas las encuestas habían proclamado como ganador absoluto al republicano.  Sin embargo, dos días antes Truman hizo un acuerdo con las grandes cofradías de los sindicatos y decretó un aumento de emergencia y como resultado la masa electoral se volcó a su favor. Igual ocurrió con la competencia entre Nixon y Kennedy donde el primero era el vicepresidente y el segundo parecía que no podría contener al primero. Bastó una alianza con esos sindicatos y se habla de un fraude mayúsculo, pero Kennedy por un porcentaje mínimo llego a la presidencia, el problema fue cuando no pudo pagar lo que la mafia demandaba, pues el costo fue su vida.

Pero falta aun un punto oscuro de las elecciones norteamericanas y es el papel de la elites que no solo operan a nivel de Norteamérica sino que tienen como referencia el mundo. En este sentido nunca se ha aclarado el papel de Rusia en la elección de Trump. Como hoy China ha disminuido sus ataques frontales contra esta administración que le declaró la guerra comercial al gigante asiático, como si esperara negociar con otra figura que lo mismo puede ser de cualquiera de los dos partidos, pero eso si con Donald, nada.

En fin, la carrera del 2020 se ha iniciado, Trump con su brutal ostentación trata de enfrentar con balandronadas al mundo y ridiculizar a sus adversarios, pero pocas veces se ha visto que en las filas del partido del presidente en turno al buscar la reelección se presenten candidatos alternos y eso ya ocurrió en la actual lucha, pues hay la presencia innegable de varios senadores que aspiran a esa posición.

Volvamos pues al punto de partida, hoy la mercadotecnia política a un costo altísimo busca vender una imagen ficticia que se desvanece al día siguiente de la elección donde sólo queda basura electoral. Como vemos el mundo de hoy vota por los bolsillos y la promesa suena excitante cuando se crea una sobreoferta superior a la capacidad institucional, pero por el momento surte efecto la ilusión, el problema es cuando hay que pagar los costos y es entonces cundo la clientela de ayer se vuelca contra los que con engaños lo llevaron a decidir de manera equivocada y la resultante deriva en violencia e ilegitimidad.  

Como podemos ver las elecciones en Norteamérica tienen  una dinámica distinta de las de Mexico fundadas en el clientelismo, pero esa variable hace aquí que la alianza de ayer se desgaste en el poder y día a día se merme hasta que el carisma se rutinice y es el momento en el que el solitario en Palacio termina abandonado como sombra hasta el último día de su mandato.

Aumenta crisis migratoria en Chiapas, entre el silencio y la incapacidad  gubernamental

Provocando una crisis humanitaria nunca antes vista en territorio chiapaneco, de enero a julio de 2019 la retención de migrantes se incrementó en más de un noventa por ciento respecto al mismo periodo de 2018. Se trata de un fenómeno que sigue en incremento, pero avanza en silencio, fuera ya de los principales reflectores mediáticos y la agenda pública prioritaria.

De acuerdo a datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante ese mismo periodo, a nivel nacional, el gobierno de México retuvo y devolvió a sus países de origen a un total de 128 mil 485 personas. Se trata de un 76.1 por ciento más retenciones y deportaciones con respecto al mismo periodo de 2018 en el que se retuvieron y devolvieron a 72 mil 954 migrantes.

Chiapas representó casi la mitad de la cifra nacional con 56 mil 305 personas retenidas y deportadas, 90 por ciento más que en 2018 cuando la cifra alcanzó los 29 mil 978 migrantes. La entidad chiapaneca fue seguida por los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Oaxaca, que contabilizaron más del 80 por ciento de toda la incidencia a nivel nacional.

Este mismo fin de semana el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió sobre la crisis humanitaria que se ha generado en la frontera sur mexicana, lamentando que los acuerdos comerciales con Estados Unidos se hayan concretado por encima de la dignidad de las personas.

Y es que, actualmente más de 15 mil migrantes, centroamericanos principalmente, están a la espera en Chiapas de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) resuelva su petición de refugio. Una situación que coloca a la entidad como la primera en tener mayor presencia de personas indocumentadas a la espera de la respuesta del gobierno que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días organizaciones denunciaron que integrantes de la Guardia Nacional y la Policía Federal disolvieron con empujones y jaloneos una protesta de migrantes africanos que se manifestaron a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, argumentando que llevan dos meses varados sin solución a su estadía en el país.

De acuerdo con datos de la Comar, Chiapas ocupa el primer lugar en solicitudes de refugio recibidas, ya que de enero a julio un total 25 mil 819 migrantes hicieron la petición de refugio para transitar por México. La entidad chiapaneca es seguida por la Ciudad de México con 7 mil 607 peticiones, Tabasco con 3 mil 414, y Veracruz con 3 mil 143. Se estima que las cifras a finales de año lleguen a más de 80 mil personas.

La condición de refugiado en México se otorga a cualquier extranjero que, encontrándose en territorio nacional, realice la petición. Para ello, debe presentar una solicitud ante la Comar o el INM. La respuesta debe emitirse en un plazo de 45 días hábiles. Sin embargo, aunque la Comar reportó más de 20 mil solicitudes pendientes, este año la Comisión sufrió una importante reducción presupuestal, al pasar de 55.7 a 20.8 millones de pesos anuales.

La situación se ha convertido en un verdadera complicación para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración (INM) que se han visto rebasados en sus capacidades de atención a una problemática que sigue agudizándose pese al silencio intencional para minimizar la evidente crisis humanitaria que afecta, principalmente, a la frontera sur mexicana... así las cosas.

Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una propuesta del presidente de la República, a fin de sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados de uso de programas sociales para comprar votos, enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como huachicoleo.

Los dos primeros son delitos que se cometen por servidores públicos, mientras el tercero ha sido una gran industria, cuyos imputados ya carecían según la ley de derecho a fianza.

Para completar la mayoría calificada de dos tercios, en el Senado se tuvo que satisfacer desbocadamente los deseos punitivos de las oposiciones, las que ahora protestan por la decisión de la mayoría senatorial de agregar, sólo por vía de la ley, algunos delitos fiscales, en especial el relacionado con las facturas falsas.

Antes de aquella reforma del artículo 19 de la Constitución, había seis delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva aunque la Fiscalía no la solicite, es decir, debe hacerlo oficiosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.

De los delitos adicionados en abril del presente año dentro del concepto de prisión preventiva oficiosa destacan: robo a casa habitación, robo a transporte de carga y portación de arma de fuego. Se entiende que el primero es muy extendido, mas puede ser cometido casi por cualquier persona, incluida quien realice trabajo doméstico en la casa robada. En cuanto al segundo, se aprecia que la prisión preventiva sólo es para quien robe unidades de trasporte de carga, pues si el asalto es a un autobús de pasajeros, el trato penal es diferente; lo que más importa es la propiedad empresarial, antes que la cartera del viajero. En cuanto a la portación de arma, en México ese delito puede ser cometido por millones de personas que poseen alguna en su casa y, en un determinado momento, deciden llevarla; las armas de “uso exclusivo” de los militares son de calibre .38 para arriba, es decir, casi todas.

Destaca también la adición de un delito que se ha convertido en gran problema, el abuso sexual contra menores (distinto de la violación que ya tenía proceso penal sin fianza), el cual puede ser cometido tanto por una persona mayor como por otra que sea joven y cercano a la víctima; de cualquier forma, aquí todos son presuntos culpables en cárcel. Lo peor es que esto no va a detener a los abusadores.

Los delitos comentados aquí, los cuales ahora ameritan prisión preventiva, es decir, cárcel durante todo el proceso, son un escopetazo punitivo. Se tira sin saber cual es el blanco de los perdigones.

Ahora, el gobierno ha propuesto que la ley vincule algunos delitos fiscales a la seguridad nacional con el propósito de enlistarlos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata, según se afirma, de combatir el uso de facturas falsas como medio de evasión de impuestos debidos. Pero aquellas oposiciones políticas que hicieron su festín punitivista de engorda del artículo 19 de la Constitución, están frenéticamente en contra de la nueva reforma y anuncian que acudirán a la Suprema Corte para echarla abajo.

La explicación es que aquellas incorporaciones de delitos al sistema de prisión preventiva oficiosa no afectaban a los capitalistas. Pero la nueva propuesta gubernamental, ya aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, quizá alarma a ciertos empresarios porque es una amenaza de cárcel segura para algunos. A esos senadores de oposición se les nota su espíritu de clase porque, aunque son punitivistas, dejan de serlo cuando se habla de delitos cometidos en los negocios y pasan a implorar derechos de los ricos.

En realidad, ensanchar el sistema de prisión preventiva oficiosa no es el camino para resolver el problema criminal. De entrada, la delincuencia organizada, según la Constitución, carece de derecho a fianza durante su proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Contar con policía, fiscalía y juzgado competentes y honrados. Es decir, acreditar bien la inculpación y llevar limpiamente los procesos.

La ilusión punitiva siempre es contraproducente porque engaña al Estado y a la sociedad. Se parte de conceptos erróneos, el primero de los cuales consiste en creer que el Código Penal previene el delito, cuando en realidad sólo lo prescribe.

Por ejemplo, los delitos electorales de servidores públicos nunca se han perseguido en México porque el gobierno es quien los comete. Si las cosas van ahora a cambiar o están ya cambiando, entonces de nada sirve ser más severos en penalidades y trato a inculpados.

No es entendible la extensión a la que ha llegado la facturación falsa y el consecuente fraude fiscal de miles de millones cada mes sin la existencia de grupos delincuenciales que operan dentro y fuera del gobierno. Bien que se persiga semejante atraco a la nación, pero lo importante es eso y no erosionar la presunción de no culpabilidad que debe tener toda persona durante su proceso penal.

Además, ya se puede introducir ese delito en la ley contra la delincuencia organizada que tiene otro tratamiento procesal, pues no parece ser posible que los falsificadores de facturas actúen de manera individual o lo hagan sin contar con un sistema y una continuidad. Están organizados para delinquir.

La obsesión punitiva es algo de lo más frustrante en materia de leyes. En la ola actual, que lleva más de diez años, no se ha logrado prácticamente nada con aumento de penas, extradiciones, incomunicaciones, arraigos, prisiones preventivas oficiosas y otras pretenciosas reformas legales. Lo mejor sería tratar con seriedad el tema de la crisis delincuencial del país.

El PAN llega a sus 80 años que pueden resumirse en tres grandes etapas: cinco décadas de lucha por la democracia; una más tomado por élites empresariales y ultracatólicas, y dos finales, en las que fue partido gobernante y asociado del PRI, hasta hundirse en la degradación.

Hace un año, por la conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, hubo ocasión de repasar, por sugerencia de Jesús González Schmal --panista que fue hasta principios de los años noventa-- las posturas que fijaron en la Cámara de Diputados los panistas de la época.

Personalmente, me gusta repasar ese episodio porque deja ver el contraste en la actuación pública del PAN conservador de entonces, con el PAN corrupto de los tiempos recientes.

En su origen, el PAN abrevó de las ideas de Ortega y Gasset así como de Henri Bergson, con una influencia católica, particularmente, de la encíclica Rerum Novarum, ampliamente estudiados en las vidas y obras de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna.

Luego el PAN era, en el terreno de las ideas, aunque políticamente anecdótico, oposición al cardenismo, a la perversión de los postulados revolucionarios en la dictadura de partido y que, para su construcción convocaba a intelectuales y técnicos, a un sector significativo de católicos políticamente activos, entre estos, los sobrevivientes a la Cristiada.

Para los años sesenta, habían florecido varias generaciones que alternaban los planteamientos originales con reflexiones acordes a su tiempo, y sus dirigentes mostraban apertura --señaladamente en la dirigencia de Rafael Preciado-- a ideas influenciadas, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II y la Encíclica Popularum Progressio, muy reivindicada por Efraín González Morfín.

El momento resultaba alarmante para los grupos más conservadores tanto del empresariado como del catolicismo panistas, que consideraban aquello como un devaneo izquierdizante, algo no tan errado si bien más moderado, porque era esa misma fuente de reflexión la que inspiraba movimientos sociales y armados revolucionarios de izquierdas, identificadas con la teología de la liberación.

Los discursos de Manuel González Hinojosa y José Ángel Conchello, particularmente el 30 de agosto de 1968 –cuando exigían al gobierno de Díaz Ordaz resolver por la vía del diálogo—y la del 20 de septiembre siguiente, cuando presentaron un punto de acuerdo para que el Ejército se retirara de Ciudad Universitaria, fueron claras muestras del sentido progresista del panismo de ese momento.

El PPS que se definía de izquierdas, había acatado ya la línea diazordacista. El PAN entonces, era el único partido de oposición, ciertamente con modesta presencia, pero elocuentes representantes, que se solidarizó con el movimiento estudiantil.

Fue en el PAN un momento de convergencia entre la corriente simpatizante del Concilio Vaticano II, con los planteamientos que se aproximaban más al pragmatismo en el asenso al poder, una corriente encabezada por José Ángel Conchello, que entusiasmó a un sector amplio del empresariado, a la postre apoderado del partido que iría abandonando los planteamientos éticos conchellistas.

Creo que hasta entonces, durante gran parte de los años setenta, el PAN y sus corrientes, necesarias como parte de un deseable pluralismo democrático, tenían por coincidencia central –por cierto, muy parecida tanto en lo cristiano de fondo como en la forma de expresarlo con lo que hoy se escucha en López Obrador— la dignificación de la política y un sentido ético de la vida pública. En mi perspectiva, fue esa su época de oro.

De los debates internos poco quedaba para finales de los años ochenta, cuando la Organización Nacional El Yunque, y la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) asumieron el control, aceptaron presupuestos gubernamentales y gradualmente se corrompieron, de manera que en el salinismo fueron asociados útiles para la simulación democrática del bipartidismo que vio su concreción en el triunfo electoral de Vicente Fox en el 2000; a eso siguió la conducta fraudulenta, ilegal e insalubre para la democracia de 2006 y el gobierno sangriento de Felipe Calderón, con quien inició el absoluto envilecimiento del PAN.

Es en esta etapa donde lo peor del PRI se asimiló al PAN con gobernadores de presencia nacional como Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, o el maniobrerismo priista y caciquil de Carlos Joaquín; con postulaciones presidenciales desprovistas de carisma y mística, la fatuidad y la sospecha fundada de corrupción: en 2012 con Josefina Vázquez Mota y 2018 con Ricardo Anaya.

En síntesis, el PAN, segunda fuerza electoral –es cierto—está en bancarrota: de lo romántico y anecdótico pasó a gobernar autoritario y corrupto, para sumirse en el desprestigio y la irrelevancia. Partido sin credibilidad, incapaz de contrapesar algo ni de sumarse legítimamente a las mejores causas, ya ni siquiera entusiasma al empresariado erigido en oposición con las propias cámaras empresariales y por la vía ciudadana.

Acaso el PAN llega a sus 80 años, regenteando un registro que parapete individuales ambiciones pragmáticas, no más.